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El marco legal venezolano abre las puertas a la inversión extranjera directa, siguiendo las tendencias mundiales en la materia. Como muestra de ello, en el Artículo 301 de la Constitución, se reconoce el principio de la no discriminación entre inversionistas locales y foráneos.

No se requiere de autorización previa para invertir en el país, en tanto que los trámites se reducen al simple registro, una vez colocado el capital. Estos principios se encuentran recogidos en las Decisiones 291 y 293 de la Comunidad Andina, y desarrollados en detalle en el Decreto 2095.

Adicionalmente, se reconoce en la materia el principio de Trato justo y equitativo y la Cláusula de la nación más favorecida. Esta última, se enmarca en los acuerdos de promoción y protección de inversiones suscritos por la República.

Uno de los principales incentivos para el empresario son los Contratos de Estabilidad Jurídica, recogidos en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (LPPI) y su Reglamento. Estos instrumentos aseguran la aplicación de regímenes de promoción de exportaciones, impuestos nacionales e incentivos especiales, durante un máximo de 10 años.


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