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La Ley Anti-Dumping como herramienta reguladora y de mercado

El proceso de apertura en Venezuela ha requerido la actualización y adaptación de los instrumentos legales que norman la actividad económica y comercial. Particularmente, los tendentes a garantizar la equidad y el adecuado funcionamiento de las relaciones de comercio internacional del país. Tal es el objetivo básico de la Ley de Prácticas Desleales en el Comercio Internacional (Ley Anti-Dumping),publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.441 de fecha 18 de junio de 1992.

La instrumentación de esta legislación parte de la premisa respecto a que, pese a ser esencial, la apertura comercial venezolana puede acarrear efectos adversos al permitir la afectación de la producción nacional mediante prácticas de comercio desleales, que pueden dañar o impedir el surgimiento de empresas venezolanas internacionalmente competitivas.

Las prácticas comerciales desleales y su incidencia en los mercados internacionales

Se incurre en prácticas de esta índole al ocasionar un perjuicio a la producción local, o bien una demora significativa en el desarrollo de la misma. Esto puede presentarse cuando se importan bienes cuya producción se ha beneficiado de subvenciones oficiales en su país de origen, o cuyos precios en Venezuela se fijen por debajo de su valor de mercado en el correspondiente país de origen.

Según se interprete, las prácticas desleales dentro del comercio internacional por parte de productores y comerciantes extranjeros, permite a los consumidores venezolanos acceder a productos elaborados en el extranjero a precios que están por debajo de bienes similares elaborados en el país. Si se examina el fenómeno de manera parcial, las circunstancias podrían presentar este tipo de práctica como un factor beneficioso para la economía local, toda vez que permite ofertar bienes más económicos a los consumidores. Al evaluar las distintas implicaciones del hecho, surge a la vista que se trata tan sólo de un beneficio aparente, puesto que dichas prácticas conducen, en definitiva, a la vulnerabilidad del sistema local de producción y al desequilibrio de la balanza comercial.

Los precios más bajos ofrecidos de conformidad con las prácticas comerciales desleales no derivan de la eficiencia de los productores extranjeros, sino del aprovechamiento fraudulento de subvenciones para poder presentar tales precios. Ello, en definitiva, termina por desplazar a los bienes y productos elaborados en el país, no en razón de ser aquéllos más competitivos, sino debido a precios artificialmente bajos.

En la medida en que se brinda productos artificialmente más económicos a los consumidores, tales prácticas comerciales conducen en el mediano plazo a dejar sin efecto la posibilidad de una real competencia, al tiempo que afectan sensiblemente la producción local de dinero. Con ello, el público termina por estar a merced de conductas monopolistas de quienes antes ofrecían precios inferiores, lo que se traducirá inevitablemente en una merma del poder adquisitivo de los consumidores.

Aspectos sujetos a regulación
La Ley Anti-Dumping estipula que su aplicación se hará sólo en aquellos casos en que no se pongan en práctica las normas del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina). Esta especificación obedece a que la Junta del Acuerdo de Cartagena emitió, en fecha 22 de marzo de 1991, su Decisión 283, que establece las “Normas para Prevenir o Modificar las Distorsiones Generadas por el Dumping y las Prácticas de Subsidios”. Esta normativa se sustenta en un reglamento básico de corte similar a los que deben aplicarse en casos de comercio interno entre los países de la Comunidad Andina, y en los relativos a prácticas desleales de comercio originadas en terceros países, las cuales pudieran afectar la producción local de bienes destinados a la exportación, de conformidad con el arancel externo común en cualquiera de los países miembros.

Con la suscripción por parte de Venezuela de los Tratados sobre Dumping y Subsidios del GATT, así como de la Decisión 283 del Acuerdo de Cartegena- o cualquier otra convención multilateral o bilateral mediante la cual Venezuela se obligue, tendrán aplicación preferente sobre la Ley Anti Dumping.

Objetivo de la regulación: prácticas desleales que ocasionan perjuicio a la producción local
Fundamentalmente, el comercio desleal en escala internacional presenta dos variantes: el dumping y las subvenciones o subsidios. El primero consiste en la venta en el extranjero de productos con un precio superior al precio de mercado en el país de origen. Los subsidios, por su parte, se producen bajo la forma de cualquier materia prima, asistencia, premio o pago otorgado o realizado por el gobierno del país donde se produzca un bien o desde donde se importe. Dichos subsidios son costeados por organismos estatales o entidades mancomunadas.

Se ha establecido que tales prácticas deben ser frenadas cuando amenacen con ocasionar o de hecho ocasionen perjuicios importantes a la producción local de bienes idénticos o similares a los que son objeto de dumping o subsidio, o cuando generen demoras significativas a la creación o el desarrollo de la producción de tales bienes o productos.


Organismo competente
La Ley de Prácticas Desleales en el Comercio Internacional crea como organismo supervisor y ejecutor la Comisión Anti-Dumping y Subsidios, la cual es una entidad independiente y autónoma. La Comisión es una instancia técnica compuesta por cinco especialistas en comercio internacional, quienes son designados directamente por el Presidente de la república. Las decisiones de la Comisión sólo podrán ser derogadas o modificadas por los tribunales de la República.

La imposición de aranceles anti-dumping o compensatorios sólo puede ser el resultado de la ejecución de procedimientos administrativos en los que debe estar garantizada la defensa propia de todas las partes involucradas. Debe anteceder a la ejecución del procedimiento una solicitud hecha por escrito ante la Comisión por parte de cualquier productor local de productos similares a los que se presuma estén siendo objeto de dumping o subsidios.

La secuencia procesal consta de tres fases. En la primera, - conocida como fase preliminar o de admisión - se debe determinar si se ha cumplido con los requisitos mínimos para iniciar la investigación.

En la segunda fase - o fase de investigación propiamente dicha -, se ejecutan todas las indagaciones y se asientan las pruebas de la existencia o no de bienes que sean objeto de dumping o subsidios, y la determinación del efecto pernicioso para la producción local. En la tercera fase la Comisión deberá tomar una decisión relativa a la aplicación o no de aranceles anti-dumping o compensatorios.

El procedimiento descrito no deberá exceder de un año y medio entre todas sus fases. La Comisión tendrá amplias facultades para revisar periódicamente el contenido de sus decisiones.

Mecanismos de modificación de prácticas desleales de comercio
La Ley Anti-Dumping prevé dos mecanismos básicos de modificación respecto de las prácticas desleales dentro del Comercio Internacional. Estos son:

1.- La aplicación de aranceles anti-dumping o compensatorios.

2.- La formalización de los compromisos destinados a eliminar el efecto pernicioso de dichas prácticas.

3.- Los aranceles anti-dumping o compensatorios son impuestos sobre bienes sujetos estas prácticas desleales, a fin de contrarrestar su efecto nocivo sobre la producción local. La imposición de tales aranceles será el resultado de un procedimiento en el cual todas las partes involucradas tendrán acceso, y constará de un pechaje adicional al aduanero. Por lo general se calcula sobre una base ad valorem (aunque puede ser específico o combinado), que suma el equivalente al margen del dumping (esto es, la diferencia entre el precio usual y el precio de exportación) el monto total de los subsidios recibidos por dichos bienes.

Por su parte, la formalización de compromisos comprende fórmulas destinadas a conducir procedimientos referentes a los casos en los que se denuncien dumping o subsidios y en los que las partes involucradas -productores e importadores locales- lleguen a acuerdos conducentes a eliminar los perjuicios a la producción local derivados de esas exportaciones. La Comisión de Dumping y Subsidios está dotada de amplios poderes para supervisar la efectividad de los derechos imputados, lo mismo que de los compromisos aprobados.

Finalmente, la referida Comisión podrá imputar aranceles anti-dumping o compensatorios de carácter temporal mientras se efectúa la correspondiente investigación, en los casos en que exista la suposición fundada respecto a que se esté incurriendo en prácticas prohibidas, lo que exigirá la aprobación de la parte demandante. Estos aranceles temporales pueden ser garantizados por los importadores de los bienes en controversia mientras se produce el dictamen definitivo.

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