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La Ley de Promoción y Protección de Inversiones
El principal mecanismo de protección de inversiones foráneas en Venezuela está previsto en la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.390, de fecha 22 de octubre de 1999.

Dicha Ley tiene por objeto proveer a las inversiones venezolanas y extranjeras directas, y a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, de un marco jurídico estable y previsible, en el cual aquéllas y éstos puedan desenvolverse en un ambiente de seguridad, mediante la regulación de la actuación del Estado frente a tales inversiones e inversionistas.

Es preciso señalar que las inversiones extranjeras directas, las inversiones subregionales, las inversiones de capital neutro y las empresas Multinacionales Andinas en Venezuela, estarán sujetas a las Decisiones Nº 291 yNº 292 de la Comunidad Andina de Naciones y a sus normas reglamentarias, incluidas las que se refieren al registro de tales inversiones, de acuerdo a lo que hemos expresado en el Capítulo I de este documento. Con esto, no se hace otra cosa que respetar la disposición constitucional relativa a la primacía de la norma emanada de mecanismos de integración económica en relación a la normativa nacional.

Junto a lo anterior, debemos indicar que la Ley prevé el principio de igualdad de tratamiento para inversionistas nacionales y foráneos, pero establece la posibilidad, ya prevista en la Constitución nacional y comentada en el capítulo I de este documento, de reservar determinados sectores de la actividad económica al Estado o a inversionistas venezolanos. En este sentido, cabe destacar que, actualmente, sólo están reservadas a empresas nacionales los sectores de televisión y radiodifusión, periódicos en español y el ejercicio de servicios profesionales regidos por ley.

Como instrumento de protección de inversiones foráneas, la Ley dispone el otorgamiento de las garantías siguientes :

•No necesidad de autorización previa para realizar la inversión, salvo en los casos en que la legislación así lo indique.

•No discriminación en el trato conferido a inversiones e inversionistas foráneos, en razón del país de origen de sus capitales.

•No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos previstos en la Constitución y por el Derecho Internacional.

•Sólo se realizarán expropiaciones de inversiones, o se aplicarán a éstas medidas de efectos equivalentes a una expropiación, por causa de utilidad pública o de interés social, siguiendo el procedimiento legalmente establecido a estos efectos, de manera no discriminatoria y mediante una indemnización pronta, justa y adecuada. La indemnización será equivalente al justo precio que la inversión expropiada tenga inmediatamente antes del momento en que la expropiación sea anunciada por los mecanismos legales o hecha del conocimiento público, lo que suceda antes. Esta indemnización, abonada en moneda convertible y libremente transferible al exterior, incluirá el pago de intereses hasta el día efectivo del pago, calculados sobre la base de criterios comerciales usuales y abonada sin demora.

•Derecho, previo cumplimiento de la normativa interna y el pago de los tributos a que hubiere lugar, a la transferencia de todos los pagos relacionados con las inversiones, tales como el capital inicial y las sumas adicionales necesarias para el mantenimiento, ampliación y desarrollo de la inversión; los beneficios, utilidades, rentas intereses y dividendos; los fondos necesarios para el servicio y pago de los créditos internacionales vinculados a una inversión; las regalías y otros pagos relativos al valor y la remuneración de los derechos de propiedad intelectual; las indemnizaciones por concepto de expropiación o medidas de efecto equivalente; el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión y los pagos resultantes de la solución de controversias.

•Transferencias sin demora, en moneda convertible, al tipo de cambio vigente el día de la transferencia de conformidad con las reglamentaciones de cambio en vigor para ese momento. Sin embargo, debe acotarse que las transferencias podrán ser limitadas en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados, cuando debido a una situación extraordinaria de carácter económico o financiero, dichas transferencias puedan resultar en un grave trastorno a la balanza de pagos o de las reservas monetarias internacionales del país, que no sea posible solucionar adecuadamente mediante alguna medida alternativa. En todo caso, la medida que imponga la limitación deberá evitar todo daño innecesario a los intereses económicos, comerciales y financieros de las inversiones internacionales y de los inversionistas internacionales; debiendo ser liberada en la medida en que se corrija la situación extraordinaria que le hubiera dado origen.

•Cualquier controversia que surja en relación con la aplicación de la Ley, una vez agotada la vía administrativa por el inversionista, podrá ser sometida a los tribunales nacionales o a los tribunales arbitrales venezolanos, a su elección. Sin embargo, en el caso de controversias que surjan con inversionistas internacionales y el Estado, cuyos países de origen tenga vigente con Venezuela un tratado o acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales sean aplicables las disposiciones del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de garantía de Inversiones (OMGI-MIGA) o del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI), serán sometidas al arbitraje internacional en los términos del respectivo tratado o acuerdo si así éste lo establece.

Otro aspecto de particular importancia, dada su novedad y su significación como factor de apoyo al logro de entorno de seguridad jurídica para las inversiones en Venezuela, lo constituye la figura de los contratos de estabilidad jurídica. De esta forma, la Ley prevé que la República puede celebrar estos contratos, con el propósito de asegurar a la inversión la estabilidad de algunas condiciones económicas en el tiempo de vigencia de los mismos. En particular, dichos contratos podrán garantizar a la inversión, según fuere el caso, uno o más de los siguientes derechos:

•Estabilidad de los regímenes de impuestos nacionales al momento de celebrarse el contrato.
•Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.
•Estabilidad de uno o más de los beneficios o incentivos específicos a los que se hubiese acogido el inversionista o la empresa en la cual se realice la inversión, según fuere el caso, previstos en la misma ley[i].

Finalmente, estos contratos deberán celebrarse antes de la realización de la inversión objeto del contrato y tendrán una vigencia no mayor de diez (10) años a partir de la fecha de su celebración. Las controversias que surjan entre el inversionista y la República, podrán ser resueltas a través de arbitraje institucional en conformidad con lo previsto en la Ley de Arbitraje Comercial.


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[i] La ley prevé la posibilidad de establecer requisitos de desempeño optativos o vinculados al disfrute de un beneficio o incentivo, para inducir la inversión en determinadas ramas o sectores económicos, o en actividades de apoyo al logro de objetivos de políticas domésticas.


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